El Pleno del Congreso de los Diputados dio ayer luz verde a la reforma del Código Penal en materia de seguridad vial que contempla penas de cárcel para tres tipos de infracciones: para aquellos conductores que sobrepasen los 110 kilómetros por hora en vía urbana y los 200 kilómetros por hora en autovías y autopistas; para los que se pongan al volante bajo los efectos del alcohol o las drogas; o para los que conduzcan sin carné bien porque nunca se lo sacaron -unas 30.000 personas en España según la DGT- o porque han perdido todos los puntos. Excepto para este último caso, en el que se establece una moratoria hasta el 1 de mayo para dar tiempo a que se saquen el permiso de conducir los que no lo tienen, se prevé que las nuevas disposiciones entren en vigor antes del próximo puente de la Constitución, según informó el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

La ley "tiene una voluntad de disuasión preventiva", explicó Rubalcaba, con la intención de que no conduzcan sin permiso -lo que a su juicio se traducirá en una mejora del carné por puntos-, y de que tampoco lo hagan de forma temeraria ante la posibilidad de penas de prisión de 6 meses a 5 años y la retirada de la licencia de uno a 10 años, según el delito.

Rubalcaba negó que se trate de una reforma que se haya hecho "apresuradamente", pese a las críticas del PP, y aseguró que responde a una política de seguridad vial "de consenso" y al apoyo de las asociaciones de víctimas. Según vaticinó el ministro, esa política "global" permitirá que 2007 acabe con menos de 3.000 fallecidos en las carreteras, lo que supone mil menos que al principio de la legislatura, "y más de la mitad imputables al carné por puntos".

La ley incluye una disposición adicional en la que se insta a las autoridades a revisar la normativa que regula los límites de velocidad para adecuarlos a la realidad, así como la revisión de la señalización de tráfico.

En este sentido, el portavoz de CiU, Jordi Jané, uno de los principales motores de la reforma, destacó la necesidad de que haya unos límites de velocidad "creíble" porque a partir de ahora excederlos supondrá una actuación del derecho penal. Recordó que hoy se dan ejemplos como la limitación de ir a 30 kilómetros por hora en un lugar en el que tiempo atrás hubo un colegio que ya no está o unas obras que terminaron.

El diputado catalán aseguró que si se lograran atajar las elevadas tasas de alcoholemia y drogas se conseguirían reducir las víctimas mortales en carretera en un 40 por ciento.

La reforma legal obtuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP que, aunque votó a favor de algunas enmiendas del Senado, lo hizo en contra de la totalidad del texto. El diputado popular Federico Souvirón sostuvo que la norma es "un producto del 'como sea'" que a su juicio ha presidido la legislatura. Opinó que la disposición adicional que obliga a revisar la señalización y la regulación de los límites de velocidad hubiera debido llevarse a cabo antes que esta reforma, preguntándose "por qué criminalizamos a los conductores antes de que la Administración haga los deberes".